Senador Antonio Sanguino denunció varias irregularidades en contratos en el departamento del Cesar

El senador de la República por el Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, denunció públicamente en su más reciente informe, varias irregularidades en contratos donde se encuentran involucrados personas asociadas con el denominado ‘Clan Gnecco’ en el departamento del Cesar.

“Hemos descubierto que existiría una relación coordinada entre particulares que contratan obras civiles con la gobernación del Cesar y el proyecto minero “La Peña de Horeb”, cantera ubicada en Valledupar en un predio de la familia Monsalvo Gnecco, desde donde se proveerían materiales e insumos para la construcción de dichas obras” reveló Sanguino.

El senador señaló directamente a Luis Alberto Monsalvo Gnecco como principal responsable de las anomalías en los acuerdos firmados para la financiación de dichos proyectos. También anexó que la Corte Constitucional llegó a realizar revisiones por una acción de tutela, las cuales habrían sido rechazadas por “improcedentes”.

“Pudimos establecer que, GEICAR S.A.S. ha suministrado materiales para importantes obras de la gobernación del Cesar. A continuación, compartimos la relación oficial de “lista de contratos” que el mencionado grupo empresarial reportó como experiencia con el sector público y privado, ante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II. Esta información es fidedigna, dado que la suministró directamente GEICAR SAS ante la plataforma SECOP II”.

Por otra parte, en el texto se mostró por los conflictos ambientales y sociales que padecen habitantes de dicho territorio pretendido por el ‘Clan Gnecco’, los cuales son cuatro pueblos étnicos culturales como: Kogui (Kággaba), Ijka (Arhaucos), Wiwa y Kankuamo.

La Agencia Nacional de Minería intentó hacerse con los títulos de la zona donde se encuentra el predio “El Consuelo”, sin embargo, tuvo inconvenientes para lograr la concesión, ya que estos terrenos se encuentran protegidos por la llamada “línea negra”.

La “línea negra” es la delimitación de un área de gran interés ecológico y cultural en el Caribe colombiano, que busca promover su preservación y garantizar el libre acceso a las comunidades indígenas que habitan ese territorio.

“Respetuosamente solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, se sirvan investigar y sancionar las presuntas irregularidades que expusimos en este informe” concretó el senador.