Senado aprobó que madres cabeza de hogar cumplan condenas con trabajos comunitarios


Por: J. J. Rubiano
El proyecto de ley les permitirá a las madres cabeza de hogar privadas de su libertad, pagar sus condenas con trabajo comunitario.
El beneficio aplicaría solo para aquellas que hayan cometido delitos menores que no afecten la seguridad ciudadana y que puedan demostrar que sus actos fueron cometidos en condiciones de marginalidad.


Rodrigo Lara Restrepo senador de Cambio Radical, fue uno de los principales ponentes a favor del proyecto y quien dio la noticia acerca de la aprobación en último debate del mismo y aseguró que esta normativa es muy importante para lograr resocializar a las mujeres que hayan cometido delitos menores y no quitarles la oportunidad de criar a sus hijos.


El Senador argumentó que “este proyecto es muy importante en un país como Colombia, donde se ha alertado acerca del aumento de las mujeres que ingresan al sistema penal”, expuso un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México en el que se indica que el total de las mujeres condenadas en el país, el 75% de ellas son madres de cabeza, y de ellas, el 53,4 % han sido condenadas por delitos menores en los que habrían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad y el 80% nunca había estado presa.


Asimismo, señaló que del porcentaje que es madre cabeza de familia, el 54% son cuidadoras principales de sus hijos.
El 32% de estas mujeres manifestaron que sus hijos pasaron a vivir a otro hogar mientras estaban en la cárcel, el 79% sostuvo que estos desmejoraron su rendimiento académico mientras pagaban la pena, entre el 18 y 38% abandonaron sus estudios para trabajar o cuidar a sus hermanos y entre el 10 y 26% comenzaron a consumir alcohol y drogas.


Teniendo esto en cuenta, se señaló la importancia de implementar la normativa, no sin que esta ponga ciertas condiciones que permitan acceder al beneficio.


Entre las condiciones está: Ser mujer madre cabeza de familia, no tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito, tener una condena menor o igual a ocho años, no haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la de sus hijos y demostrar que las condiciones de comisión del delito están asociadas a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar.

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