Persecución Selectiva: El Doble Estándar en la Política Colombiana.

En Colombia, la política parece estar gobernada por un doble estándar que favorece a unos y castiga a otros, dependiendo de quién esté en el poder. Hoy, es el gobierno de Gustavo Petro el que enfrenta un acoso mediático y judicial implacable, con acusaciones de haber superado los topes en campaña y otros señalamientos que, si bien merecen ser investigados, revelan una hipocresía profunda en la manera en que se administra la justicia y la opinión pública en el país.

Es irónico, y preocupante, ver cómo los mismos sectores que guardaron silencio o se mostraron tibios ante escándalos históricos ahora se rasgan las vestiduras por las acusaciones contra Petro. El proceso 8.000, que envolvió al expresidente Ernesto Samper en uno de los episodios más oscuros de la política colombiana, fue tratado con guantes de seda. Samper permaneció en el cargo a pesar de la gravedad de las acusaciones que lo vinculaban al narcotráfico, y muchos de quienes hoy atacan a Petro no levantaron una ceja entonces.

El expresidente Andrés Pastrana tampoco estuvo exento de escándalos, como su controvertido proceso de paz con las FARC, que terminó en un desastre de seguridad para el país. Sin embargo, la crítica hacia él nunca alcanzó el nivel de persecución que se ve hoy contra Petro. Incluso Álvaro Uribe Vélez, cuya alianza con los paramilitares desató una crisis institucional de la que Colombia aún no se recupera, logró sortear las aguas turbulentas del escrutinio público con una habilidad asombrosa. Durante su gobierno, se cometieron innumerables violaciones de derechos humanos, y se consolidó un modelo de seguridad que, lejos de pacificar el país, sembró el terror en vastas regiones. Doce años después de su nefasto y aterrador gobierno, el país sigue sufriendo las consecuencias de sus políticas.

Uribe, quien enfrentó múltiples señalamientos, desde vínculos con paramilitares hasta la manipulación de testigos, ha logrado mantenerse al margen de las graves consecuencias legales. La justicia parecía estar siempre a su favor, mientras que los medios de comunicación optaban por centrarse en sus supuestos logros en lugar de en las acusaciones.

Y qué decir de Juan Manuel Santos, cuyo gobierno estuvo manchado por el escándalo de Odebrecht y otros casos de corrupción. O de Iván Duque, quien llegó al poder bajo la sombra de una campaña financiada por empresarios cuestionables como ‘Ñeñe’ Hernández. En estos casos, las denuncias fueron minimizadas o simplemente ignoradas por aquellos que ahora se presentan como los paladines de la transparencia y la legalidad.

La persecución que hoy enfrenta el gobierno de Petro no es más que un reflejo de un sistema que protege a unos pocos privilegiados mientras que ataca sin piedad a aquellos que intentan desafiar el statu quo. Es un juego peligroso en el que la justicia se convierte en un arma política, y la democracia, en un teatro donde los actores principales son siempre los mismos, protegidos por un manto de impunidad.

No se trata de justificar posibles irregularidades en la campaña de Petro. Si hubo violaciones, deben ser investigadas y sancionadas. Pero lo que resulta intolerable es la diferencia abismal en el trato que reciben unos y otros. Los escándalos del pasado, cometidos por figuras del establecimiento, fueron tratados con una indulgencia que contrasta fuertemente con la agresividad con que se aborda cualquier señalamiento contra quienes, como Petro, representan un cambio en el orden establecido.

Colombia necesita una justicia imparcial, que actúe con el mismo rigor sin importar quién esté en el poder. La persecución selectiva no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también debilita la democracia al crear un ambiente de hostilidad y desconfianza que impide la gobernabilidad. Es hora de que el país exija una política más justa y equitativa, donde la legalidad no sea una excusa para la venganza política, sino un principio que se aplique de manera universal.