PERDER ES GANAR UN POCO

Amylkar D. Acosta M

Continuando con nuestro análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, quiero destacar mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas empresas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, que fueron las más golpeadas por la crisis pandémica 

Además, llama poderosamente la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”, al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

El Ministro Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón al Ministro, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas. A este tétrico panorama fiscal se viene a añadir el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50.3% del PIB en 2019 al 64.7% en 2020 y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el Ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también al crecimiento y a la reactivación económica”. El propósito fundamental de este proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y poder mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerables, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso solidario, con un costo previsto para el 2022 de $7.2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.

En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6.7 billones de $15.2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el Presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, 2 puntos porcentuales más de la propuesta de la ANDI. Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto. 

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3.9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12.4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos (¡!). Según el propio ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantener los tres días sin IVA, sobre todo que no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados. Según el Director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”. 

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6.5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de expertos en beneficios tributarios contratada por el Gobierno, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Y por ello recomendó su supresión. Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2.4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios. ¡Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que perder es ganar un poco!

Miami, agosto 14 de 2021

www.amylkaracosta.net