Informe preliminar sobre violación de DD.HH. en Colombia durante las protestas

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos arribó a Colombia el pasado 25 de mayo, tras las reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos durante las manifestaciones que se desarrollan en el país en en marco del paro nacional desde el pasado 28 de abril.

Ante esos señalamientos fue convocado el organismo por diversas organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, espacios sindicales y eclesiásticos entre otras, con el objetivo de constatar la grave situación descripta.

En respuesta a estas denuncias, a modo de relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio, es
que un conjunto de organismos de Derechos Humanos tales como SERPAJ, APDH LA MATANZA,
CORREPI y XUMEC; una diversidad de organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, SOMOS Barrios de Pie, organizaciones gremiales y de la sociedad civil como ATE, CTA- Autónoma, la Asociación Americana de Juristas, concluyeron que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos.


Los objetivos como Misión son:
● Relevar situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro Nacional.
● Elaborar un informe minucioso que tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e
internacional.
● Contribuír a la articulación internacional en defensa de los DD.HH en toda la región.
Para cumplirlos, la misión se trasladó a las siguientes ciudades: Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar, Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Facatativá y Madrid (Cundinamarca), Teusaquillo, La Caldera, y Portal Norte en Usaquén.

Esto les permitió acceder y conocer de primera mano la realidad que atraviesa al pueblo colombiano. La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal del informe.

El sufrimiento del pueblo colombiano exigía el máximo esfuerzo, compromiso y rigor en la visibilizacion y desnaturalización de las prácticas aberrantes que en todo tiempo y lugar entrañan las
violaciones a los derechos humanos.

  1. EL DESPLIEGUE REPRESIVO DEL ESTADO COLOMBIANO.
    Según el informe, los testimonios recogidos han sido abrumadores. Contestes todos ellos en reprochar la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa, se advierte que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos.

Así, tanto la Policía Nacional en general y en especial el ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) de consuno con el Ejército, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas.  Un auténtico escenario que combina fuego, humo, gas y estampida (entre otros recursos letales) es retratado por los numerosos testimonios recogidos. Posicionados en tanquetas y aún desde el mismo asfalto (agravando el riesgo para la población) las vulgarmente conocidas como “bombas aturdidoras” han provocado lesiones severas en centenares de personas y hasta varios homicidios (cítase como ejemplo el de Sebastián Quintero Munera, Popayán 14 de mayo).

Reseñan que es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes, del mismo modo que es frecuente la utilización de “caucheras”, honderas y aún la misma mano para arrojar piedras de gran porte sobre la multitud replegada. Es de público y notorio el atropello de manifestantes con las tanquetas, provocando severas heridas. Tal el caso de Juan Diego Ortega Garzón (24) Popayán el día 14 de mayo. La misma Policía Nacional cuando la dispersión estuvo finalizada ingresó ilegalmente a los domicilios, detuvo a vecinos ajenos a los incidentes, allanó ilegalmente y luego provocó destrozos en sus casas, e ingresó violentamente a espacios autónomos de la sociedad civil.

El carácter pacífico de las manifestaciones es constantemente alterado –cuando no por la provocación de personal de civil infiltrado en las filas de la protesta- por el permanente acoso, aparición subrepticia o movimiento de pinzas sobre manifestantes y transeúntes en general.

El criterio abusivo y arbitrario de las facultades para detener, el trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas , constituyen especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana. El ejemplo paradigmático de esos abusos lo constituyó el “caso ALISON”, la joven cuyo suicidio en Popayán el día siguiente al de su detención, despertó la indignación popular que derivó en los acontecimientos de la URI local el 14 de mayo.

La arbitrariedad registrada en los plazos de detención junto a la ausencia de toda información y colaboración con familiares y asistentes legales constituyen una flagrante violación al legítimo ejercicio del derecho de defensa.

Ha llamado la atención de esta Misión las numerosas denuncias de los voluntarios de atención sanitaria y plataformas de defensores de Derechos Humanos, que aún formal y correctamente identificados fueron atacados por las fuerzas represivas en violación a las más elementales normas de resguardo y no obstrucción de sus imprescindibles tareas. Igual proceder ilegal ha sido denunciado por periodistas, comunicadores sociales y grupos multiculturales que por tradición suelen integrar las columnas de manifestantes.

“Los CAI (Centro de Atención Inmediata) y las URI (Unidad de Reacción Inmediata) ambas a cargo de la Policía Nacional, lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, indican en el informe.

A su turno, concejales de la ciudad de Bogotá denunciaron a esta Misión que en las barriadas humildes de la periferia “no hay día en que el ESMAD no actúe, llevándose a muchachos de las barriadas, trasladándolos muy lejos de sus viviendas y familiares para luego encerrarlos por más de 36 horas incomunicados, gasearles en la celda y finalmente criminalizarlos en orden a delitos de diversa entidad (Obstrucción de vía pública, terrorismo, sedición, etc.)-.”

Resaltan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad tanto en la vía pública como en los lugares de encierro. Así, revelaron que al 26 de Mayo, del total de abusos sexuales cometidos, el 79% lo fue sobre mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales.

3. LAS VICTIMAS

A lo largo y ancho del país, la mayoría del pueblo colombiano salió a las calles con una consigna unificadora: A PARAR PARA AVANZAR. Las medidas antipopulares no sólo acentuaban la crisis, además recaían sobre los sectores que más sufrían la pandemia.

El Estado colombiano reprimió la protesta indiscriminada y brutalmente con un criterio aleccionador que sin embargo se volvió en su contra. No sólo el paro se acentuaba sino que las marchas cada día se nutrían de ciudadanos y ciudadanas ansiosos por expresar su disconformidad y resistencia.

El recorrido que la Misión hizo, permitió comprobar la masiva adhesión a las razones que motivaron la protesta.

El Estado insistió con medidas más cercenadoras de derechos y acrecentó el número de efectivos de seguridad en un ejercicio de militarización del paisaje social y policialización de la cotidianeidad que derivó en el compendio de violaciones que en este informe se denuncian.

● La Juventud ocupó la primera línea de la protesta. De los barrios populares, desde las escuelas y Universidades al epicentro de las protestas. La Misión recorrió las barriadas del sector suroriental de Bogotá y pudo comprobar la decisión inquebrantable de muchachos y muchachas dispuestos a forjar un futuro diferente al que le proponen. Fue también uno de los sectores sociales que más sufrió los encarnizados ataques del ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército.

● Las mujeres también sostuvieron la protesta. Las más jóvenes en la primera línea y muchísimas madres en la segunda. Todas ellas también fueron un objetivo de las fuerzas de seguridad que hicieron del abuso una constante. La Misión fue testigo de una expositora de organizaciones sociales que en Bogotá resumió la situación: “Nuestros cuerpos fueron botines de guerra”. Y aún conmueve la lectura del último mensaje de Alison después de ser denigrada en la URI de Popayán: “Me manosearon hasta el alma” dejó escrito antes de suicidarse. Pero las mujeres también sufrieron los embates de la represión por su doble condición de lideresa.

En Santander de Quilinchao, en el Cauca, la Misión recibió las denuncias de expresa violencia machista ejercida por los efectivos policiales y civiles que actuaban en conjunto y que llegó al intento de homicidio de la referente indígena Daniela Soto Pinto en Cali el 9 de Mayo.

● El campesinado y su recurrente lucha por la distribución de la tierra, fue otro de los sectores sociales que protagonizó la protesta y que también sufrió los embates del ESMAD, los sobrevuelos intimidatorios de helicópteros, la intimidación mediante la descarga de bengalas lumínicas que fueron intensas en la zona aledaña a la Vía a Cali en el Cauca.

● El indígena, un ejemplo de organización con vocación de progreso y aspiraciones para el buen vivir, es otro protagonista insoslayable. La férrea defensa de sus tradiciones combinadas con la participación activa en la vida social, política y económica del país fue otro de los objetivos de

las fuerzas represivas regulares y de muchos civiles que actuando a su amparo, expresaron su racismo y supremacismo. En Santander de Quilinchao la Misión recibió un extenso informe sobre las diversas situaciones violentas soportadas en el marco del Paro Nacional. El mencionado registro integrará el definitivo de esta Misión.

● La comunidad afrodescendiente recibió a la Misión en Puerto Tejada. Más de la mitad de las víctimas de represión en el lugar son negras. Denunciaron también el trato discriminatorio que sufren por parte de la policía cotidianamente y que se suma a la explotación laboral que remite a tiempos que se creían superados.

● Los líderes y lideresas sociales encarnan otro objetivo perseguido por la represión. Así, el montaje judicial y los falsos positivos constituyeron dos instrumentos claramente persecutorios. Lo vio la Misión en Popayán con referentes de los sin techo arbitrariamente señalados por el Ministro de Defensa. En Bogotá lo hicieron con la concejala Eli Sánchez Barreto a quien le montaron una causa por presunta agresión a una ambulancia.

● Las organizaciones de la sociedad civil , los activistas de Derechos Humanos, los solidarios grupos de asistencia sanitaria en manifestaciones, periodistas independientes, actores multiculturales, y una multitud de transeúntes y personas que iban y venían de sus cuestiones cotidianas. Traemos el caso del muchacho Harold Conejo, un cotero de la comunidad Totoró que perdió su ojo izquierdo por una perdigonada policial cuando regresaba de su trabajo y que esbozó un relato estremecedor a la Misión, que lo visitó en el Hospital San José de Popayán.

No sólo la Misión ha entrevistado a las víctimas sobrevivientes en sus casas, centros comunitarios, escuelas y hasta hospitales. También lo hizo con los familiares de los desaparecidos y asesinados y fue recogiendo el inmenso dolor transitado con una enorme dignidad y entereza, como –entre otros- el caso de Fabián Quintero en Barrio Bello Horizonte de Popayán, padre de Sebastián, asesinado en los episodios del 14 de mayo.

Víctimas todas de una violencia estatal indefendible.

Se destaca que en la inmensa mayoría de los casos denunciados – y que la Misión ha relevado – se ha tomado registro de la existencia de concluyente prueba, en especial las de soporte audiovisual así como la de testigos.

ROL DE LA INSTITUCIONALIDAD:

Los Derechos Humanos están siendo violados en Colombia y la comunidad percibe que –más allá de excepciones- las diversas instituciones gubernamentales no asumen el compromiso que requiere el cese de esas violaciones, las investigaciones pertinentes y la efectiva vigencia de esos derechos.

La Misión ha recibido numerosas denuncias por la inactividad de las distintas agencias del Estado destinadas al esclarecimiento de esas violaciones.

Las víctimas o sus allegados suelen dirigirse varias veces hasta la agencia interviniente para obtener novedades sobre sus causas sin obtener respuesta alguna.

Los casos de re victimización son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su atacante.

Personal de Fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima sino para judicializarla (criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada.

La Misión ha recibido denuncias desde plataformas defensoras de Derechos Humanos reveladoras de la peligrosa indiferencia de los organismos destinados a impulsar las investigaciones.

Particularmente en el tema de la desaparición de personas, se ha denunciado que desde las fiscalías se han subvaluado los casos, subestimando la magnitud y gravedad que asume el delito en cuestión.

Mientras las organizaciones denunciaron -al 26 de Mayo- 52 homicidios en el marco del Paro Nacional (siete días después supera los 70), la fiscalía sólo ha reconocido 17 y sólo 3 de ellos vinculados directamente a la protesta.

La defensoría del pueblo y la procuraduría fueron señaladas por las organizaciones denunciantes por su inacción y por desconocer la existencia de más de tres mil denuncias en función de los abusos policiales referidos.

Así mismo se supo que en aquellos departamentos gobernados por partidos opositores, la Policía Nacional no responde a las directivas de los alcaldes (jefe político de la fuerza en cada Departamento).

Esta circunstancia no es menor ya que hay una directa relación entre “la desobediencia” de la fuerza policial y la desmedida, desproporcionada y agraviante acción represiva. Se ignora si esa omisión ha sido denunciada -más allá de declaraciones a la prensa- así como cuál ha sido el resultado de esa investigación y las consecuencias que debieron recaer sobre los responsables.

Un defensor del Pueblo de la ciudad de Popayán manifestó que sólo registra 25 quejas de abusos policiales en el marco del Paro. La desconfianza en lo institucional es absoluta.

La pérdida de legitimidad de las instituciones es la consecuencia inmediata de haberse esforzado más por garantizar impunidad en lugar de proveer Justicia para el Pueblo.

ACERCA DE LOS DELITOS COMETIDOS:

Puede concluirse que las conductas atribuidas a las fuerzas de seguridad denunciadas y que deberán investigarse, responden a diversos tipos penales cuya descripción fáctica y adecuación típica, se evaluarán al tiempo de realizar el informe definitivo.

Aún con esa provisoriedad, y sin perjuicio de otros encuadramientos legales que puedan corresponder, se puede afirmar que la violación a los derechos humanos se puede subsumir en los siguientes delitos:

✔Desaparición Forzada de Persona.

✔Delitos contra la vida, (homicidios)

✔Delitos contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias)

✔Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)

✔Delitos contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura)

✔Delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta.

✔Delitos contra la propiedad (daño)

No hay dudas sobre el carácter de lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil; ni tampoco sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales.

6. VIOLACIONES DE LOS DDHH EN TERRITORIOS RECORRIDOS POR LA MISIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Debemos mencionar en primer lugar, que en el transcurso de nuestra visita hemos recibido el llamado de distintos departamentos y ciudades que no hemos alcanzado a recorrer por limitaciones de tiempo, a los fines de realizar diversas denuncias. Lo que da cuenta de la extensión y amplitud del escenario represivo.

6.a) Departamento del Cauca- Popayán

La delegación recorrió el departamento del Cauca, y pudo recabar las siguientes denuncias:

● 146 Heridos en el marco de la manifestación.

● 32 Detenciones arbitrarias contra manifestantes , de los cuales 4 son menores de edad

● 9 Desaparecidos

● 2 Delitos Sexuales (acoso sexual y tentativa de acceso carnal violento /acoso sexual y acto sexual abusivo contra una menor de edad y una joven)

● 13/5 suicidio de Alison Lizeth Salazar Miranda luego de haber sido víctima de abuso sexual por miembros de fuerzas policiales.

● 9 Ataques a Defensores de DDHH.

● 1 Ataque a la libertad de expresión, un periodista agredido por seis agentes de policía nacional con intento de asfixia y golpes.

● 1 Ataque hacia voluntarios de salud.

Bogotá.

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DDHH, se hizo presente en diversas localidades de Bogotá: Usme, Ciudad Bolívar y Portal de las Américas (Barrio Kennedy), Engativá y Suba, Soacha, Facatativá y Madrid (Cundinamarca), Teusaquillo, La Caldera y Portal Norte en Usaquén. Se pudo constatar, a través de distintos relevamientos, testimonios y denuncias, e informes de plataformas de derechos humanos, el modus operandi de las fuerzas de seguridad en el contexto represivo al ejercicio del derecho a la protesta social.

● 97 Heridos

21 Detenciones arbitrarias

● 4Desapariciones

4 Delitos sexuales

2 casos de violencia política

9 Ataques a activistas de DDHH

● 5 Ataques a voluntarios de Salud

5 Ataques a la Libertad de expresión- ataques cibernéticos y manipulación de las cuentas de redes sociales. Según la Fundación para la libertad de prensa se han contabilizado más de 50 denuncias de estos mecanismos de ciberseguridad y censura.

6 Homicidios

18 Amenazas a líderes sociales.

● 3 casos de discriminación contra comunidades indígenas

15 Daños a terceros (casas, autos, transeúntes)

12 denuncias de Infiltrados de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones.

PEREIRA

La Misión de Solidaridad y Observación de DDHH pudo constatar en el territorio la existencia
de:
● 103 personas heridas
● 95 detenciones arbitrarias
● 9 baleados
● 5 muertos:
o Lucas Villa (por impacto de arma de fuego)
o Héctor Morales (por impacto de arma de fuego)
o Evelio Flórez (asfixiado por gases)
o Walter Buitrago (atropellado)
o Brahian Rojas, desaparecido-encontrado en el lecho del Río Cauca ,luego de ser detenido por la Policía.
● 45 denuncias formalizadas por uso excesivo de la fuerza.
● 4 desaparecidos
● 2 defensores de DDHH agredidos
● 2 miembros de misión médica agredidos.

CALI
Los integrantes de la Misión de Solidaridad y DDHH tras recorrer la ciudad de Cali, Puerto Tejada,
Yumbo, punto de resistencia Ecopetrol, Siloe y Calipso pudieron constatar a través de diversos
testimonios de las víctimas, e informes de las plataformas de derechos humanos la existencia de:


● 93 personas desaparecidas
● 46 personas asesinadas en el marco de la movilización.
● 240 personas detenidas
● 149 personas heridas por armas de fuego.

MEDELLÍN
Los integrantes de la Misión de Solidaridad y DDHH estuvieron presentes en Medellín al cumplirse un
mes del paro nacional. Allí se realizó un

acompañamiento a la comisión de DDHH durante la
movilización. En dicha jornada existieron detenciones arbitrarias y un uso desproporcionado de la fuerza. Se ha podido constatar para el periodo del 28 de abril al 30 de mayo en base a los informes de las plataformas de DDHH locales las siguientes violaciones a los derechos humanos:
● 2 asesinatos
● 699 privaciones de la libertad
● 133 casos de tortura o tratos crueles

● 71 casos de desaparición de personas
● 57 intentos de judicialización
● 43 lesiones a manifestantes
● 20 casos de amenazas.
● 3 mutilaciones oculares

Conclusiones
Este informe de carácter preliminar permite a la Misión concluír que:


● El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del PARO NACIONAL y a través
de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado,
abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La
represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión
y el derecho a la protesta.


● El Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil
indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento
sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos.


● El Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la
mayoría de su pueblo, representado por: jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres
y de la comunidad lgtbiq , trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos,
afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos,
prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil.


● Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad
denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho.


● El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales,
nacionales e internacionales para obtener la reparación integral , a través de la verdad y la
justicia.

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