¡Indignación en San Antero! Denuncian omisión del alcalde en la gestión de servicios públicos
La comunidad exige respuestas tras la exclusión del Comité de Servicios Públicos en una reunión clave sobre el suministro de servicios en la región
San Antero se encuentra en el centro de la controversia tras un encuentro entre la Superintendencia de Servicios Públicos, la Administración Municipal y empresas como Afinia, Aqualia y Seacor. La reunión ha generado descontento entre los líderes cívicos, especialmente por la exclusión del Comité de Servicios Públicos del municipio.
Salvador Bertel, exconcejal y primer vocal del Comité de Control de Servicios Públicos, expresó su indignación al enterarse de la reunión a través de rumores. “Nos enteramos por la calle, como si no importáramos. Es una falta de respeto hacia quienes hemos trabajado por el bienestar de la comunidad”, declaró con enojo. Bertel, conocido por su defensa de los derechos de los sananteranos, criticó la gestión de las empresas prestadoras, especialmente a Afinia, acusándola de ofrecer un servicio de energía deplorable. “Energía costosa, postes mal ubicados, y nadie hace nada. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este atropello?”, cuestionó.
La atención también se centró en Aqualia, la empresa encargada del acueducto. Bertel criticó al alcalde Dennys Chica Fuentes por no liquidar el contrato con Aqualia, a pesar de sus repetidos incumplimientos de la Ley 142 de servicios públicos. “Su silencio lo convierte en cómplice. ¿Por qué no ha tomado acciones contra una empresa que sigue perjudicando a la comunidad?”, se preguntó. Además, recordó que durante la administración anterior de Chica, hubo rumores sobre la prórroga del contrato con Aqualia, sugiriendo que su falta de acción podría estar vinculada a intereses personales.
La indignación de Bertel refleja un creciente malestar en la población de San Antero, que exige soluciones urgentes tanto a las empresas de servicios públicos como una respuesta efectiva de su alcalde. Los ciudadanos sienten que la falta de acción y la omisión en la gestión de estos servicios no solo afectan su calidad de vida, sino que perpetúan un sistema de impunidad que debe ser abordado con urgencia.
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