Directora de ICBF denuncia que en Córdoba les están cobrando a las madres comunitarias para su contratación
Durante una visita al departamento de Córdoba, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas, reveló un preocupante esquema ilegal en el que se está cobrando a las madres comunitarias por su contratación. Cáceres fue enfática al afirmar que estas mujeres no deberían pagar a intermediarios por su trabajo y denunció que se les está reteniendo sus tarjetas bancarias para vincularlas a asociaciones o uniones temporales.
Además de este escándalo, se informó sobre la falta de contratación de operadores para los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Colombia. A diferencia de las prácticas anteriores de contratación a dedo, se realizó una invitación pública a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Aunque esto ha generado algunas demoras, todos los contratos están firmados, excepto dos de modalidad propia intercultural, que están en proceso de negociación directa con grupos indígenas.
El escrutinio contra la corrupción en el ICBF ha puesto al descubierto irregularidades en 220 contratos gestionados por 50 operadores. Cáceres Cárdenas destacó la presencia de operadores que comparten representantes legales o direcciones similares, sugiriendo prácticas fraudulentas para obtener múltiples contratos.
La directora del ICBF también advirtió sobre la injerencia política en estos procesos, enfatizando que no debería haber influencia política en la determinación de cupos para niños ni en la contratación del ICBF. «Nadie puede decidir sobre la contratación del ICBF en ningún escenario politiquero», afirmó Cáceres Cárdenas, instando a enviar un mensaje claro a quienes trabajan con niños y niñas en el departamento de Córdoba.
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