Denuncian al alcalde de Cotorra por querer privatizar Aguas del Sinú APC

Una preocupante situación se registra en el municipio de Cotorra, Córdoba, donde denuncian al alcalde de la jurisdicción, Guillermo Llorente Petro, quien es señalado de querer privatizar la Cooperativa Aguas del Sinú APC, empresa que se encarga de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado.

La alerta fue emitida este domingo, 29 de agosto, por la gerente Nora Sierra Cogollo, quien durante la Asamblea de Rendición de Cuentas 2021, manifestó todo lo que viene ocurriendo ante la presencia de 16 asociados, quienes son la representación de las Junta de Acción Comunal.

Desde el Complejo Naturalia, lugar donde se efectuó la reunión, Sierra Cogollo en entrevista exclusiva con el equipo de prensa de La Piragua, indicó que se está viviendo una arbitrariedad con esta decisión que tomó el alcalde con el apoyo del Concejo Municipal, donde tiene a su favor a la mayoría de los cabildantes.

La denunciante expresó que el mandatario municipal por ostentar el cargo tiene voz y voto como un asociado más, pero “no le da el derecho de decidir desde la administración municipal el destino de la empresa sin tomar en cuenta la opinión del resto de los asociados de la cooperativa”.

Sierra Cogollo sostuvo que el jueves, 26 de agosto, les llegó el acto administrativo en donde dan por terminado el contrato de operación de Aguas del Sinú por un “supuesto incumplimiento” que no ha sido demostrado jurídicamente y por lo cual ese día no se realizó el proceso de empalme que pretendían ejecutar.

La vocera reconoció que sí existen algunos inconvenientes con la prestación del servicio, pero reseñó que todo es a consecuencia de que la inversión que debe aportar la Alcaldía a la empresa no la ha hecho en los tiempos establecidos.

“Como viene a decir que no se está cumpliendo un contrato cuando él (alcalde) es el primero que lo está incumpliendo (…) La comisión que llegó a la empresa el jueves fue arbitraria y hasta el momento no sabemos cual será el destino de la empresa”, argumentó.

Así mismo, acotó que deberían ser los 27 socios de la cooperativa los que decidan los destinos de la empresa que tiene un carácter de sentido social de ayudar a las comunidades a través de la mejoría del servicio que vienen prestando en comparación al que ofrecieron las administraciones pasadas.

Con esta empresa, la cual se creó en 2007 y entró en funcionamiento en 2008, los ciudadanos pagan por todo el agua que consuman una cifra estándar de 7.500 pesos que, según la gerente, al llegar la privatización los montos se incrementarían de manera desproporcionada.

Este escenario traería un conflicto social a las comunidades cuando les comiencen a suspender el servicio por no contar con los recursos económicos para saldar las deudas, debido a que los lugareños son de escasos ingresos y aún más en esta época de pandemia en la que sean visto afectados.

La gerente precisó que la deuda total de la Alcaldía con la empresa por conceptos de subsidios de vigencias anteriores ascienden a los 1.500 millones de pesos.

Sierra Cogollo indicó que el próximo martes, 31 de agosto, los asociados dirán presente en las instalaciones de la empresa para tomar las acciones contundentes a seguir, misma fecha en la que irían también los miembros de la nueva empresa privada que quieren instalar para ocupar los espacios.