Embargo de Cuentas de Nequi por Comparendos: Una Medida Arbitraria que Viola el Debido Proceso y Expone Abusos de Autoridad
En enero de 2017 entró en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia
Abuso de Autoridad y Falta de Transparencia: La Injusticia Detrás de los Embargos Arbitrarios y la Crisis en la Seguridad Ciudadana
En las últimas semanas, hemos recibido múltiples denuncias de ciudadanos que, de manera sorpresiva y sin previo aviso, han visto embargadas sus cuentas de Nequi debido a presuntos comparendos de policía pendientes. Esta situación no solo ha generado un profundo malestar entre los afectados, sino que también ha puesto en evidencia posibles violaciones al debido proceso, un principio fundamental en cualquier estado de derecho.
El embargo de cuentas bancarias es una medida coercitiva que, en teoría, debe aplicarse con la mayor precaución y respeto por los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, cuando estas medidas se ejecutan de manera repentina y sin notificación previa, surgen serios cuestionamientos sobre su legitimidad y sobre el respeto a las garantías procesales de las personas afectadas.
Uno de los casos más emblemáticos que ha salido a la luz es el de un usuario que, al intentar realizar una transacción a través de su cuenta de Nequi, se encontró con la desagradable sorpresa de que su cuenta aparecía bloqueada, justo al momento de realizar un pago en un restaurante. Según lo que pudo indagar, el embargo se debía a una medida coercitiva por parte de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, para exigir el pago de un comparendo de policía que fue interpuesto por un uniformado de manera improcedente, ya que el ciudadano manifiesta que esta infracción no la cometio y que fue sancionado de manera irregular, «Me parece completamente arbitraria esta medida. No recibí ninguna notificación sobre un proceso en mi contra y, de un momento a otro, me encuentro con mi cuenta bloqueada. Esto es una clara violación al debido proceso», expresó el afectado.
Debido Proceso
El debido proceso es un derecho constitucional que garantiza a todos los ciudadanos ser informados de cualquier acción legal en su contra y tener la oportunidad de defenderse antes de que se tomen medidas punitivas. Este principio, recogido en múltiples tratados internacionales de derechos humanos, es esencial para evitar abusos por parte de las autoridades y para asegurar un trato justo a todos los individuos. En este sentido, la falta de notificación previa no solo constituye una omisión grave, sino que también podría ser considerada una violación de los derechos fundamentales.
El proceso que lleva a un embargo debe ser claro y transparente. Si un ciudadano tiene una deuda pendiente o ha incurrido en una infracción, las autoridades competentes tienen la obligación de notificarlo de manera adecuada, permitiéndole así ejercer su derecho a la defensa. Saltarse este paso es atentar contra la confianza en el sistema judicial y las instituciones que deben proteger a los ciudadanos.
Ante este escenario, es imprescindible que las autoridades revisen los procedimientos que están llevando a estos embargos masivos y, en caso de haberse cometido errores, corrijan inmediatamente las irregularidades. Asimismo, es vital que las entidades financieras como Nequi ofrezcan mayor transparencia y apoyo a los usuarios que se ven afectados por estas situaciones, proporcionándoles la información necesaria para entender y resolver sus problemas.
Los relatos de ciudadanos afectados por estos embargos revelan un trato desproporcionado y arbitrario por parte de las autoridades. «No solo me colocan una multa, sino que también recibí un trato abusivo y despectivo de quienes se supone deberían proteger mis derechos», expresó un denunciante.
Esta falta de respeto y la aplicación unilateral de sanciones sin el debido proceso han contribuido a una creciente sensación de injusticia y vulnerabilidad entre los ciudadanos.
El problema no termina con el abuso de autoridad. La creciente inseguridad en el país y la ineficacia de las respuestas institucionales han exacerbado la desconfianza en las fuerzas del orden. Las denuncias de comportamientos corruptos y de agentes que favorecen la criminalidad en lugar de combatirla se han vuelto cada vez más comunes.
No Hay Justicia.
La falta de un código sancionatorio efectivo para estos oficiales permite que actúen con impunidad, mientras que los ciudadanos que intentan defenderse de estos abusos se enfrentan a represalias y persecución sistemática.
Este escenario pone de manifiesto una grave deficiencia en la gestión y supervisión de la policía, y resalta la necesidad urgente de reformas profundas. Las autoridades deben garantizar que las sanciones se apliquen de manera justa y transparente, respetando siempre el debido proceso. Además, se deben implementar mecanismos rigurosos para investigar y sancionar a los agentes que incurren en corrupción o abuso de poder, asegurando que no haya impunidad para quienes violan la ley.
En conclusión, el embargo de cuentas bancarias sin notificación previa, o peor aun, realizar comparendos de manera irregular, faltando a la fe publica, al debido proceso y a la transparencia en la justicia, es una práctica que no puede tolerarse en un estado de derecho.
Es necesario que las autoridades actúen con responsabilidad y que respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizando que cualquier medida punitiva esté acompañada de un proceso justo y transparente.
Solo así podremos evitar que se repitan situaciones como las que hoy afectan a cientos de usuarios de Nequi en todo el país.
Para orientación y consultas puede radicar su solicitud a través del siguiente correo electrónico: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co o a través del portal https://bogota.gov.co/sdqs/.
Milton Fabiani
Diario La Piragua
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