Siete magistrados de la JEP fueron recusados por la Procuraduría ante su presunta imparcialidad en caso de Mancuso
La decisión se da luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazara una tutela interpuesta por el órgano de control para excluir a Mancuso de esta jurisdicción.
La Procuraduría General de la Nación ha recusado a 7 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que están frente del proceso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por su presunta imparcialidad en decidir su situación dentro la jurisdicción, al rechazar una tutela que exigía la no admisión de Mancuso.
El órgano investigativo se basa en que los magistrados Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Danilo Rojas, firmaron la resolución que aceptó la inclusión del exjefe paramilitar en la JEP, así como Jesús Angel Bobadilla y Adolfo Murillo, quienes negaron la tutela instaurada por la Procuraduría.
Este último fallo fue impugnado por la procuradora que opera como Coordinadora Nacional de Justicia y Paz, quien argumentó que tal medida se debe a que los siete magistrados no serían imparciales en sus decisiones ya que anteriormente se han pronunciado sobre el caso, teniendo conocimiento desde un inicio sobre los procesos que se vienen adelantando contra el exjefe paramilitar.
“El órgano de control indicó que la recusación se basa en el hecho que los magistrados no serían imparciales para conocer y decidir sobre el recurso instaurado, porque en distintos momentos han tenido conocimiento previo del proceso de aceptación de Mancuso”, se puede leer en un comunicado que compartió la Procuraduría.
La Procuraduría señaló que la decisión de no excluir a Salvatore Mancuso de ese sistema judicial ha perjudicado gravemente a las víctimas acreditadas, debido a la suspensión de varios procesos mientras se define el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, por la decisión de la JEP de asumir la responsabilidad de todos los casos contra el exjefe paramilitar.
El órgano de control explicó que la JEP no exigiría a Mancuso la compensación a las víctimas, a diferencia del sistema de Justicia y Paz, que sí asegura la obligación del victimario de cubrir la totalidad de la indemnización ordenada por el proceso judicial.
Cabe señalar que la tutela instaurada busca resarcir el daño causado a las víctimas mientras la Corte Constitucional resuelve qué jurisdicción es la competente para continuar con los procesos.
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