Colombia Redefine el Derecho a la Protesta: Un Giro Histórico en la Protección de las Manifestaciones Pacíficas.
La nueva directriz de la Fiscalía, firmada por Luz Adriana Camargo, revoca las arbitrarias medidas de 2021 y garantiza la no criminalización de la protesta pacífica, estableciendo 33 lineamientos que marcan un precedente en la defensa de los derechos humanos en el país.
En un documento histórico de 25 páginas, la fiscal Luz Adriana Camargo ha sentado un precedente en la defensa de los derechos fundamentales en Colombia. Esta directriz, titulada «Por la cual se reconoce, garantiza y protege el derecho a la protesta social pacífica», surge como una respuesta a la necesidad de reformular el tratamiento del Estado hacia las manifestaciones, tras los controvertidos lineamientos que el entonces fiscal Francisco Barbosa impuso en 2021, en medio del estallido social que sacudió al país.
El documento está estructurado en cuatro bloques, cada uno de los cuales aborda un aspecto crucial en la protección y garantía del derecho a la protesta pacífica. Entre ellos se destacan: la protección de la protesta social, la limitación del poder punitivo del Estado, la tipificación de delitos en el contexto de la protesta, y la manera en que los fiscales deben proceder en la investigación y judicialización de actos delictivos relacionados con las manifestaciones.
Uno de los puntos más transformadores de la directriz es su afirmación contundente: «La protesta pacífica goza de protección constitucional, por lo tanto, no será objeto de persecución o sanción penal». Esta declaración, que marca un cambio radical frente al tratamiento punitivo que se le había dado a las manifestaciones en el pasado, desmantela la narrativa que criminalizaba a los manifestantes simplemente por alterar el orden público. Ahora, como lo señala la nueva política, los actos de protesta pacíficos no pueden ser investigados o juzgados únicamente por generar desorden, ya que están protegidos por la Constitución como ejercicio legítimo de un derecho fundamental.
El documento también introduce un enfoque antidiscriminatorio que pone en primer plano la protección de los derechos humanos. La fiscalía establece que cualquier investigación sobre actos ocurridos durante protestas debe llevarse a cabo sin prejuicios o discriminaciones basadas en orientación sexual, identidad de género, origen étnico, religión, opinión política o color de piel, entre otros factores. Este enfoque responde a los llamados de justicia social que cobraron fuerza durante las movilizaciones del 2021, donde muchas voces clamaban por un trato igualitario y sin sesgos por parte de las autoridades.
Además, la directriz reconoce que, en situaciones de alteración del orden público, los actos delictivos que puedan ocurrir no necesariamente responden a una intención criminal premeditada, sino más bien a un estado emocional exacerbado. Esta distinción es crucial para evitar la criminalización de aquellos que, inmersos en el caos de una protesta, puedan verse involucrados en incidentes menores sin haber actuado con dolo o mala fe.
Uno de los aspectos más innovadores del documento es su énfasis en que los fiscales deben verificar que los delitos que se imputen en el marco de una protesta respondan a una amenaza concreta y verificable al orden público, y no a una interpretación abstracta de peligro. Esto significa que, para proceder judicialmente, debe existir una comprobación real de que el bien jurídico afectado está en peligro, y no meras suposiciones que puedan abrir la puerta a abusos de poder o persecuciones injustificadas.
Este cambio en la perspectiva legal no solo deroga las medidas implementadas por Barbosa en 2021, sino que también refuerza el compromiso del Estado colombiano con la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, pilares esenciales de cualquier democracia. Las manifestaciones, que en muchos casos se ven como una forma legítima de exigir justicia y cambios sociales, no podrán ser reprimidas bajo el pretexto de alteraciones al orden público.
En un contexto en el que Colombia sigue enfrentando tensiones sociales y demandas de justicia, esta nueva directriz no solo es un paso hacia la consolidación de un sistema judicial más justo y equitativo, sino también una victoria para los movimientos sociales que han luchado por un reconocimiento pleno de sus derechos.
Este documento, digno de reconocimiento internacional, resalta la importancia de un enfoque humanista en la administración de justicia, un logro que promete redefinir el papel de la protesta social en Colombia y marcar un nuevo rumbo hacia el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
Este paso histórico podría ser el inicio de una nueva era en la relación entre el Estado y los ciudadanos, una que privilegie el diálogo, la comprensión y el respeto por la protesta pacífica, en lugar de la represión. Sin duda, este es un hito para la democracia en Colombia.
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