ELN anunció el cese del paro armado que había impuesto en el departamento de Chocó desde el 11 de agosto.

Este domingo, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN anunció el cese del paro armado que había impuesto en el departamento de Chocó desde el 11 de agosto. Según el comunicado emitido por esta facción guerrillera, la medida será levantada a partir de las 6:00 a.m. del 19 de agosto, tras haber afectado a unas 50,000 personas en la región.

El Frente de Guerra Occidental no solo confirmó el fin del paro, sino que también se pronunció sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa Chocó. En su declaración, el grupo insurgente desvinculó su accionar de la problemática actual, argumentando que la crisis es producto del abandono estatal, la falta de responsabilidad social del gobierno y la ausencia de voluntad política para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Este cese de hostilidades se produce en un contexto de tensión y desconfianza. Apenas el 3 de agosto, el Gobierno y el ELN no lograron extender el cese al fuego bilateral, dejando al proceso de paz en una situación precaria. La incapacidad para mantener el alto al fuego no solo expuso la fragilidad de los acuerdos, sino que también intensificó el conflicto en territorios como Chocó, donde la población civil se ha visto atrapada en medio de la confrontación.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba-Curi, señaló que el paro armado ha dejado a cerca de 50,000 personas confinadas en 10 municipios, afectando gravemente el acceso a servicios esenciales. Entre los principales damnificados se encuentran 38 instituciones educativas, impidiendo que unos 22,000 estudiantes puedan continuar sus clases. Además, unos 300 estudiantes de la subregión de San Juan no pudieron presentar las pruebas Saber 11, cruciales para su futuro académico.

Los efectos del paro se han extendido también a la economía local, con un impacto significativo en el comercio, el abastecimiento de alimentos y la atención en salud. En respuesta a la crisis, las Fuerzas Militares habían considerado la posibilidad de recurrir a bombardeos, una propuesta que fue rápidamente rechazada por la delegación gubernamental en el proceso de paz. «La reactivación de bombardeos como respuesta al paro armado no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz», afirmó la delegación.

El proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN se encuentra en su momento más crítico tras 21 meses de negociación. Las conversaciones, que han sufrido una interrupción de casi 90 días, están marcadas por una comunicación fracturada y desconfianza mutua. Aunque se han logrado avances históricos, las diferencias profundas persisten, especialmente del lado del ELN, cuya disposición a ceder ha sido limitada.

El gobierno ha exigido al ELN que aclare su voluntad de continuar en los diálogos, mientras que la guerrilla ha acusado al Ejecutivo de incumplir acuerdos previos. La propuesta confidencial del presidente Petro de discutir una reforma económica con el empresariado y los movimientos sociales fue rechazada por el ELN, lo que ha sumido el proceso en un punto muerto. En este escenario de «guerra de pronunciamientos», la población civil sigue sufriendo las consecuencias directas del conflicto.

A pesar de esta situación, tanto el Gobierno como el ELN han manifestado su intención de continuar los diálogos y encontrar una salida negociada al conflicto. Sin embargo, el camino hacia la paz sigue siendo incierto, con una región como Chocó que continúa soportando el peso de una guerra que parece no tener fin.